La Convención sobre las Armas Biológicas (BWC, por sus siglas en inglés), aprobada en 1971 y en vigencia desde 1975, prohíbe de manera efectiva desarrollar, producir, adquirir, transferir, almacenar o retener y utilizar armas bacteriológicas (biológicas) y toxinas. Este instrumento jurídico, rubricado actualmente por 183 Estados Partes, ha sido el primer tratado de desarme en proscribir una categoría entera de armamentos de destrucción masiva; como tal, ha servido durante más de cuarenta años para evitar de manera eficaz la tenencia de armas biológicas en el mundo.
Por su parte, la Convención sobre las Armas Químicas (CWC, por sus siglas en inglés), aprobada en 1992 y en vigencia desde 1997, cuenta actualmente con 193 Estados Partes que, sujetos a sus disposiciones, se comprometen a no desarrollar, producir, adquirir, almacenar, retener, transferir o emplear armas de origen químico. La CWC también introdujo un estricto régimen de verificación y vigilancia para monitorizar la producción de sustancias químicas que podrían intervenir potencialmente en la fabricación de arsenales de este tipo.
Ambos convenios representan la voluntad colectiva internacional de prohibir las armas químicas y biológicas, y de establecer normas globales que condenen a toda nación que utilice estas armas.